Los jugadores del Club Sport Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense sacaron previo al encuentro de esta tarde tarjetas con la leyenda “Sáquele tarjeta roja al racimo”. Los deportistas y la Asojupro hacen de este modo un llamado a los legisladores para que se discuta el proyecto de ley No. 20159 Contra la Violencia y el Racismo en el Deporte.
Esteban Alvarado, arquero del equipo florense, espera que la aprobación se realice a la brevedad posible.
“Estoy de acuerdo y me parece muy importante este proyecto porque defiende el derecho de vivir sin discriminación y violencia. Además tendríamos más oportunidad de educar sobre estos temas en los estadios a los jóvenes y a los adultos, que incluso, son testigos de actos de discriminación verbales y físicos que se dan en contra de jugadores”, apuntó Alvarado.
Por su parte los personeros de Asojupro ven con preocupación como pasa el tiempo y no se le da la importancia requerida al tema.
“El deporte deber ser una herramienta de transformación social”, dijo Steven Bryce, “es importante que este proyecto avance, la violencia y la discriminación van en aumento y lo cierto es que los protocolos de la Unafut y la Federación no son suficientes, esta iniciativa es más integral que la que contempla la Ley 9145, que castiga la violencia en el deporte”.
La propuesta fue presentada en 2016 por Fabricio Alvarado y actualmente está siendo analizada en una Sub Comisión de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia.
La iniciativa deja en su primer artículo muy en claro el propósito de la misma: la presente ley tiene como objeto la regulación y la determinación de acatamiento y de protección para garantizar la prevención, el control y la sanción de la violencia y el racismo en el deporte.
Con la aprobación de la ley quedaría prohibida la entrada a los recintos deportivos a quienes introduzcan, crean, difundan o exhiban materiales de cualquier tipo con contenidos o mensajes racistas, xenófobos, o con contenidos que inciten o provoquen a la violencia o que amenacen o dañen a una persona o a la colectividad, por razón de su origen racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad y sexo.
También se contemplan los distintos de insultos que deben ser sancionados y su respectivo castigo: multa (basado en salarios mínimos), hechos graves o gravísimos.